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Que el Perú presente a la Corte Internacional de Justicia de la Haya una demanda para definir su delimitación marítima con Chile hace notar que ambas partes nunca solucionaron esta secuela de la Guerra del Pacífico. Según el gobierno del país del sur, el tema se resolvió en 1952 y 1954 cuando ambos países suscribieron convenios de pesca, en los que se especificaban claramente las fronteras marítimas. Con este argumento, negó toda posibilidad de diálogo e incluso, como una forma de consolidar su posición, pretendió crear la región Arica-Parinacota, tomando como referencia el hito Nº 1, en setiembre de 2006.
Pese a que se descartó la creación de la nueva región chilena el 29 de enero de 2007, tras una serie de conversaciones entre los jefes de Estado Michelle Bachelet y Alan García, Chile continúa ejerciendo su soberanía en el espacio marítimo reclamado por Perú, y arremete con su fuerza armada a todos los buques pesqueros peruanos que cruzan el paralelo mencionado en los tratados de pesca.
Al no existir ningún tratado específico de delimitación marítima, el Perú ha buscado incluir este punto en la agenda bilateral desde 1986 hasta la fecha sin éxito. Mientras tanto, de acuerdo a lo impuesto por Chile, Camaná solo contaría con 100 millas de mar territorial; Mollendo, con 80 millas; Ilo, con 40 millas; Sama, con 20 millas; y Tacna no tendría mar, pues tendría cero millas en el punto de la Concordia.
Ante esta situación, en los últimos años el gobierno peruano planteó como solución más imparcial trazar una línea bisectriz entre el paralelo defendido por Chile y la línea límite de las 200 millas del Mar de Grau para repartir los 67,139.4 kilómetros cuadrados del área del diferendo. Esta salida, como todas las anteriores, tampoco fue recibida de buena manera por las autoridades chilenas que una vez más se opusieron al diálogo e incluso mostraron despreocupación ante el anuncio de una futura demanda en su contra ante La Haya.
Sin embargo, ya con el texto presentado por Allan Wagner ante la Corte, la actitud indiferente de la clase política chilena tuvo un giro de 180º. El vocero oficial del vecino país calificó el acto como “inamistoso” y el senador Sergio Romero, aseguró que “la demanda peruana marca un antes y un después”, pues "no cabe la menor duda que estamos frente al mayor desafío que nunca antes, en los últimos 100 años, ha enfrentado Chile en temas de fronteras".
El diputado Jorge Tarud tampoco se dejó esperar y manifestó que "sería bueno que el Gobierno (de Chile) enviara una nota de protesta contundente por la violación al derecho internacional que está llevando a cabo el Perú", y aseguró que la intención peruana es "hacer saber a América Latina y el mundo que aquí hay un conflicto. Pero en realidad, es una campaña mediática para desinformar a la comunidad internacional”.
Lo cierto es que el texto presentado por el Gobierno del Perú es parte de un proceso normal entre dos países democráticos que acuden al derecho internacional para dirimir diferencias. Además, el contenido de la carta solo se limita a contextualizar el asunto y presentar una solución, tal como se puede apreciar en algunos párrafos del documento:
“Desde los años ochenta, el Perú ha intentado consistentemente negociar las diversas cuestiones incluidas en esta controversia, pero ha encontrado la constante negativa chilena a entrar en negociaciones. Mediante Nota de su Ministro de Relaciones Exteriores del 10 de septiembre del 2004, Chile cerró firmemente la puerta a cualquier negociación”.
“De conformidad con el derecho internacional, tanto el Perú como Chile tienen derecho a un dominio marítimo adyacente como prolongación de sus respectivos territorios terrestres hasta una distancia de 200 millas marinas desde sus líneas de base. A consecuencia de ello y dada la configuración geográfica de la costa, sus derechos se superponen. Como quiera que ningún acuerdo ha sido alcanzado por las Partes respecto a la delimitación de sus respectivas zonas marítimas y en ausencia de circunstancias especiales que cuestionen la aplicación de la línea equidistante, es la línea equidistante la que permite arribar a un resultado equitativo. El límite marítimo entre las Partes deberá ser determinado en tal sentido”.
“En contraste, una línea divisoria a lo largo de un paralelo que comience en la costa, conforme a la pretensión chilena, no cumple el requisito fundamental de arribar a un resultado equitativo y tampoco surge de acuerdo alguno entre las Partes”.
Y será entre ambas partes que se resolverá este litigio, ya que en esta instancia al gobierno de Chile no le queda otra salida más que presentar sus argumentos para ser analizados por la Corte de La Haya a fin de dar una solución definitiva que ambas partes han de cumplir “por la razón o la fuerza”, como sugiere la célebre frase del escudo nacional del país sureño.
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