Actualidad

PRÉTERITO PRESENTE

Por Martín Barrera Tello
Comentarios: marbarrera@gmail.com

Una vez más, un grupo de peruanos pone a prueba la capacidad del Estado para solucionar de la manera más justa posible, un problema que afecta directamente los bolsillos e intereses respectivamente, de ambas partes. Lo que en un primer momento fue percibido como una de las tantas marchas que se desplazan por el Centro Histórico para exigir el cumplimiento de algún reclamo, hoy se ha convertido en un grupo de personas organizadas y con asesoría legal, conscientes de que su pedido tiene una base jurídica al cual el gobierno debe atender.

Estas personas, las que hoy exigen un referéndum para que se efectúe la devolución del dinero de los aportes al FONAVI (Fondo nacional de Vivienda), representan a los cuatro millones de ciudadanos que entre 1979 y 1998 fueron obligados a entregar una parte de sus ingresos con la ilusión de contar con un capital para la adquisición de una casa. Sin embargo, al desactivarse el cobro de este tributo, el gobierno de turno (léase de Alberto Fujimori) no planificó la manera de responder por el dinero que ingresó al fisco bajo dicho concepto en todo ese tiempo.

Es cierto que toda la responsabilidad no debe recaer únicamente en el régimen del señor Fujimori, dado que el capital fue utilizado por todos los gobernantes que pasaron entre los años de las aportaciones al FONAVI (Fernando Belaúnde, Alan García y el hoy juzgado ex presidente). Tal vez el dinero sirvió para realizar obras de suma importancia en su momento, en otros casos mal utilizados, despilfarrados, eso nunca lo sabremos. Lo que sí queda claro es que el fondo no fue invertido en su finalidad original.

Ahora, el problema retorna, cual boomerang, a las manos de uno de los mandatarios que usó parte de las aportaciones a ese fondo. Alan García vive este presente con los intereses de un pasado que le pasa la factura. Los fonavistas ya no son gente aislada que se lamenta de haber sido literalmente estafada por el Estado. Ahora, organizados, exigen que mínimamente se dé una consulta popular para que de ese modo se dicte un fallo a su pedido. Sin embargo, García y su entorno no están de acuerdo con que se realice el referéndum, muy probablemente porque supone cuál será la respuesta de la población.

En ese sentido, trata de presionar al Tribunal Constitucional (TC), órgano que en teoría debe actuar de forma independiente sin ningún tipo de influencia de otras instituciones del Estado. Si el TC considera justa la consulta para posteriormente debatir el “Proyecto de Ley de devolución del dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo”, se debe respetar tal decisión. A estas alturas, el papel del Jurado nacional de Elecciones, que argumenta que la propuesta es improcedente, más parece un manotazo de ahogado del Ejecutivo.

Incluso en el Congreso se ha pensado en recortar las capacidades del TC por la experiencia en este caso. El parlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén, presidente de la Comisión de Constitución del Poder Legislativo, ha dicho que evaluarán si se puede “precisar y delimitar las competencias y funciones del Tribunal, pues tiene que entender que éste debe estar sometido a la Constitución”. A su entender, dicho organismo “ha invadido la competencia del JNE, cuyas resoluciones en materia electoral no pueden ser revisadas”.

Entonces, aquel partido político al cual los peruanos le dieron una segunda oportunidad en el gobierno, hoy quiere cambiar las reglas de juego para que su desempeño sea menos complicado, tal como lo hizo en su momento aquel gobernante al que todos ahora (incluso el señor Alan García) señalan como un dictador.

Este capítulo, uno más en donde tenemos a peruanos estafados, que para un sector de la clase gobernante tal vez ya es parte del pasado, recobró vigencia en el presente y traerá más de una sorpresa en el venidero año. Depende de la respuesta de los encargados de solucionar esta situación que tengamos un final feliz o no. Caso contrario, nos quedará claro que no sólo ahorrando en CLAE puede uno perder su dinero, y que el Estado puede impunemente robar 22, 000 millones de soles, a vista y paciencia de todos, amparado en los organismos públicos para callar los gritos de justicia.