Editorial

EDITORIAL

El tema más importante puesto en la agenda pública por los medios en las últimas semanas fue el del fallo del Tribunal Constitucional (TC) con respecto a la aprobación de un referéndum como solución al reclamo de los fonavistas. Lo que llama la atención es saber que dicha discusión no tenía pies ni cabeza, ya que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) jamás debió pronunciarse acerca de la resolución del TC. Sólo a éste le concernía decir si el FONAVI fue un tributo o un fondo social (como en nuestra opinión lo es). El JNE no tenía por qué interpretar ni refutar el mandato del TC. Así que el presidente Alan García nos tomó el pelo cuando salió a decir que no podía interponerse entre dos instituciones autónomas que sientan las bases de nuestra democracia, puesto que en su condición de mandatario, no debió tomar en cuenta el pronunciamiento del JNE; tan solo respaldar la decisión del TC.

Si el dictado del TC es o no acertado, es otro asunto, por cierto bajo ningún criterio discutible. No hay que ser muy incisivos para darse cuenta que el FONAVI no es un tributo sino un fondo común. Dar una parte de nuestros ingresos con la promesa de constituir un capital que posteriormente permita hacer realidad el sueño de la casa propia no es lo mismo que pagar un impuesto, que el gobierno resta a nuestro sueldo y que ya no volvemos a ver. En el primer caso, los aportantes tienen el derecho de administrar a posteriori dicho fondo; en el segundo, el dinero nos lo cobra el estado, que sabrá qué hacer con aquél, siempre en beneficio de la población (pero no es éste el caso). Por ello, lo que diga el ministro de economía Luis carranza a este respecto, nos debe tener sin cuidado: si quiere mantener su criterio de austeridad que lo haga con el dinero del gobierno y no con el de los fonavistas, que trabajaron tanto para ahorrarlo.

Otro tema que se trajo a colación a causa de este tema fue la propuesta de volver a la Constitución Política de 1979. Por todo lo que hemos dicho se concluye que esta consecuencia no tiene tampoco sentido alguno. Y esto no tiene nada que ver con que sea o no favorable retomar la Carta Magna del 79, sino que simplemente no hay justificación para tocar el tema. Es absurdo, además, lo que propone Javier Velásquez Quesquén acerca de delimitar las competencias del TC, puesto que éste no ha cometido ningún exceso. No es del TC de quien debemos cuidarnos. Recordemos que su presencia es necesaria en un gobierno democrático, ya que revisa los Proyectos de Ley y Decretos de Urgencia provenientes del Congreso y del Ejecutivo para constatar su constitucionalidad; que estén de acuerdo a ley y no pretendan subyugar una democracia a una dictadura. Basta con recordar lo que hizo Alberto Fujimori con el Congreso, a fin de perpetuarse en el poder y legitimar su gobierno corrupto.

Por todo esto, consideramos que el partido oficialista no es el más apropiado para pronunciarse sobre este último tema. A nadie le importa las discrepancias que haya en su interior (por un lado Alan García dice que no planea retornar a la Constitución de 1979; del otro, Mauricio Mulder afirma que fue una promesa electoral que su partido piensa llevar acabo sí o sí). Poco o nada nos interesa la opinión de los representantes del APRA, dada la razón que quien dirige este país es el presidente (que supuestamente vela por nuestros intereses y no por los del su partido). Nos tiene sin cuidado la opinión de los apristas pues no es de ellos este país. Les convendría más no hacer evidente su prepotencia y dejar de matarse entre ellos por egoísmos e intereses encontrados.

G. P.